SEPTIEMBRE DE 2008 -21 - REVISTA EN MARCHA

 
 

Un penal erigido sobre basura, agua contaminada, una empresa de catering y camiones que descargaban residuos tóxicos por 80 pesos, son algunos de los delitos denunciados en la nueva cárcel
Por Luciana Hernández Lois
Olor nauseabundo, aves sobrevolando, perros hurgando. Hedor, mucho hedor.
Ratas y alimañas. Postales de los rellenos sanitarios del CEAMSE, el emporio de la basura que se multiplica en tierras bonaerenses.
Lejos de erradicar estos lugares, el gobierno bonaerense emprendió un curioso plan de reciclado: levantó un hermoso y maloliente complejo carcelario sobre uno de esos rellenos sanitarios en San Martín.
La construcción se realizó bajo la Ley de emergencia carcelaria enviada oportunamente por el ex gobernador Felipe Solá a la Legislatura, y que dio vía libre a 16 nuevas unidades penitenciarias y alcaldías en diversos municipios bonaerenses.
Gracias a la emergencia las obras se realizaron sin ningún control por parte de los organismos de la Constitución. Sólo el "seguimiento" de una Comisión Bicameral del Poder Legislativo.
¡no la tomes!
Las consecuencias de la construcción de un complejo carcelario sobre un basural no se hicieron esperar y brotaron desde lo más profundo.
Agentes penitenciarios, cuya identidad fue reservada, denunciaron ante la justicia que el agua que abastecía a todo el complejo estaba contaminada y que se recomendaba al personal no beberla, motivo por el cual debían "llevarse agua de sus casas".
Rápidamente la Defensoría General de San Martín, interpuso un habeas corpus "a los efectos que se desalojara la unidad hasta tanto se acreditara la potabilidad del agua". El 23 de noviembre de 2007, el Dr. Lucas Ohyanarte (Juzgado de Garantías Nº 1 de San Martín) hizo lugar al habeas corpus "disponiendo el traslado de los detenidos allí alojados" por entender que ante la seriedad de los hechos "se encontraban agravadas prima facie las condiciones de detención". Y remitió la causa al Juzgado de Garantías Nº 4 a cargo de la Dra. Solange Cambet, que intervenía en una denuncia (radicada en el 2006) por distintos hechos de corrupción en ese penal.
Ante esta medida judicial, el Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Fernando Díaz, interpuso un recurso de apelación que fue rechazado por la Cámara de Apelaciones y Garantías Departamental.
Mientras tanto, el secretario de Ejecución Penal de San Martín, Juan Manuel Casolati, inspeccionó nuevamente la unidad y comprobó que "lejos de haberse cumplido con el desalojo de los internos del complejo carcelario de San Martín tal como lo ordenaba la resolución Nº 13.671, se habían dispuesto nuevos ingresos de detenidos".
Entonces Casolati interpuso un nuevo habeas corpus ante la Sala de Feria de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro. En dicha oportunidad se adjuntó un informe elaborado por la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa S.A.), donde se determinaba claramente que el agua de los pozos de las tres unidades del Complejo de San Martín "no era apta para consumo humano, estando contaminada con diversas bacterias y contaminantes inorgánicos, algunos de ellos con efectos cancerígenos".
En este nuevo habeas corpus el secretario de Ejecución Penal también denuncia "a la Municipalidad de San Martín y al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (en ese momento a cargo del Dr. Di Rocco) por haber aportado documentación falaz que establecía la potabilidad del agua y su aptitud para consumo humano (Análisis Nº 10.809 de la Municipalidad de San Martín y análisis Nº 48.566 elaborado por IPAC y aportado por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires)", cuando la pericia elaborada por Aysa señalaba todo lo contrario.
 
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Aunque las autoridades del Ministerio de Justicia reconocieron deficiencias en las obras, solicitaron la reapertura del penal y la Dra. Cambet, ante un pedido del Fiscal de Cámaras de San Martín, hizo lugar y reabrió el complejo carcelario San Martín. Sólo impuso al Ministerio de Justicia provincial cumplir con la resolución judicial de "abastecer de agua potable a todos los internos alojados".
Unos días después de dictada la resolución, la Dra. Cambet juró como Camarista departamental.
la pyme
El mal olor en el penal de San Martín no brota sólo de su suelo sino también desde dentro.
En octubre de 2006, en los tribunales de ese departamento judicial se radicó una denuncia contra las autoridades del Ministerio de Justicia de la provincia por "defraudación en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos".
En una inspección realizada por funcionarios judiciales en el mes de octubre de 2006, pudo comprobarse que en el complejo penitenciario de San Martín (Unidades 46, 47 y 48) a pesar de que no había detenidos alojados en el lugar, el Ministerio de Justicia de la provincia contrataba proveedores del Estado para comprar "300.000 kg de carne de media res, 15.000 kg de frutas, 15.000 kg de verduras, aceite, puré de tomate", entre otras mercaderías.
Sin embargo, la cosa no queda allí. A fines del año 2007, un grupo de agentes penitenciarios denunciaron que en el complejo carcelario se habían cometido otros hechos de corrupción.
Frente a la Fiscal de Delitos Complejos de San Martín, Dra. Mónica Rodríguez, los agentes penitenciarios -cuya identidad fue protegida- denunciaron "que el Jefe de la Unidad 48 vendía los insumos alimentarios de los internos y de los propios agentes penitenciarios" .
Con los productos que la provincia destinaba a internos y agentes del penal, organizaron una "empresita" de catering que servía desayuno, almuerzo y cena a la productora cinematográfica La Matanza SRL que bajo la dirección de Pablo Trapero, filmaba en el penal la película La Leonera.
tirala
Pero esto no termina acá. Como una verdadera mamuschka, una nueva acusación apareció desde dentro del penal. Los agentes penitenciarios también denunciaron que a la "empresita de catering" se sumaba el ingreso de camiones que por la módica suma de 80 pesos descargaban "basura, residuos peligrosos, líquidos cloacales, entre otras cosas".
A partir de los elementos aportados por los testigos en sus declaraciones y en base a la investigación iniciada en la Fiscalía, los imputados serían: Omar Ángel Ávila (Ex Director de la Unidad 48), Casimiro Fortunato Urueña (2º Jefe Unidad 48), Marcelo Fabián Villagra (Jefe de Contaduría Unidad 48), Marcelo Vega (suboficial) , Julio Ríos (Jefe del Complejo Penitenciario San Martín, Unidades 46, 47 y 48), Yair Astete (suboficial) y Leandro Demonte (chofer de Ávila).
Actualmente la causa sigue su curso en la Fiscalía de Delitos Complejos de San Martín. Y a pesar de tener que sortear piedras y escollos, al cierre de esta edición estaban ampliando las indagatorias que aportarían novedades importantes para la causa. SEPTIEMBRE DE 2008 -21 - REVISTA EN MARCHA